“Un rey prudente, por amor a su
pueblo, debe construir murallas que cerrarán temporalmente sus puertas para
protegerlos del enemigo. Pero también debe mantenerlas abiertas en épocas de
paz pues si permanecen cerradas ya no serán puertas de murallas, serán puertas
de cárceles construidas por la tiranía para controlar y aprisionar al pueblo.”
Ese es el
caso de la Ley Patriótica que, hecha permanente, ahora es la puerta de una
cárcel donde se cometen crímenes con garantía de impunidad.
Escasos 15
días después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, a propuesta del
entonces presidente Busch, una abrumadora mayoría del Congreso de los Estados
Unidos aprobó la Ley Patriótica con el
propósito de otorgar temporalmente
mayores facultades al estado para combatir al terrorismo.
Su vigencia
concluyó en marzo de 2006 sin embargo, después de un ríspido periodo deconciliación entre las dos cámaras del congreso, la ley se promulgó nuevamente
con cambios menores, pero ahora con
carácter permanente salvo algunas de las disposiciones más
controvertidas que finalmente, en este año, fueron refrendadas.
La Ley
Patriótica desde su promulgación ha sido fuertemente criticada por organismos
internacionales defensores de los derechos humanos y algunos de los propios
legisladores estadounidenses por el desproporcionado costo que representa
restringir las libertades y las garantías constitucionales de los ciudadanos; y
su aplicación extraterritorial. Así, nadie está fuera del alcance de esta ley, ni
ciudadanos, ni instituciones, ni la soberanía de los países.
Capturados
vivos, como lo fueron, Osama Bin Laden y Muamar el Gadafi debieron ser presentados
ante la justicia no obstante, los dos fueron asesinados. En el primer caso,
fueron soldados de elite americanos los que irrumpieron sin permiso en Pakistán,
mataron a Bin Laden y transmitieron los hechos por televisión en vivo a los
autores intelectuales que observaban sentados en una sala a miles de kilómetros.
Todo en el marco de sus leyes extraterritoriales. En el segundo caso, los
asesinos de Gadafi serán sometidos a juicio por la exigencia de los mismos países
que ante la ejecución del líder de Al-Qaeda guardaron silencio.
¿Y a México, en
qué afecta? Aquí el gobierno decidió seguir los pasos de los Estados Unidos. Han modificado e intentan modificar leyes que les facultarán a restringir las
libertades y las garantías constitucionales de todos nosotros para combatir a
la delincuencia. Tales son los casos de la Ley Federal de Telecomunicaciones;
de las iniciativas para penalizar a los usuarios de las redes sociales que se
gestan en diversos estados de la república y de la propuesta de reforma a la
Ley de Seguridad Nacional que está en proceso de aprobación.
Me pregunto: ¿Cuál
es la diferencia entre los asesinatos de Gadafi y de Bin Landen? ¿Por qué juzgar
a unos asesinos y a otros no? ¿Por qué la permanencia de esas leyes? ¿Por qué el
gobierno mexicano sigue los mismos pasos? ¿Lo vamos a permitir? Finalmente ¿A
qué tienen miedo los gobiernos? ¿Al pueblo? ¿A las decenas de millones que de
un momento a otro pueden sumarse a los que ya manifiestan su indignación en
muchos países?
En verdad no
puedo responder, solo atenerme a la evidencia, dispersa por cierto, de lo que
hoy se gesta en México.
Con mis
mejores deseos,
Enrique Chávez Maranto
enrique.chm@gmail.com
www.ramari.blogspot.com
twitter.com/enriquechm
