En múltiples ocasiones he comentado el tema de la corrupción. Comenté de la ineficacia en México de las estrategias que promueve el Instituto del Banco Mundial quien define el éxito de la lucha contra la corrupción como función de las variables: acceso a la información, liderazgo político y la acción colectiva. Materias todas en las que antes que avances, se suceden cotidianamente retrocesos que no son menores.
Planteé como hipótesis que la corrupción debe ser vista no solo como un problema de individuos aislados que ceden a la tentación ante la garantía de impunidad. Para el 80 por ciento de la población, debe ser vista como un fenómeno social que, atiende primero, al propósito de supervivir, y después como medio para mantener la esperanza de escapar a estratos socioeconómicos superiores. Válvula por cierto muy bien regulada por el poder político en turno para atender a sus intereses.
Para el restante 20 por ciento la corrupción atiende a los propósitos fundados en la avaricia del sistema imperante: La acumulación de poder económico y poder político; que, si aplicamos la Ley de Pareto, representan con toda seguridad el 80 por ciento de los costos que asume el país. Hablo de la corrupción de los grandes, pero muy grandes, negocios medidos en millones de dólares, no de la “mordida” de 100 pesos.
No obstante, las estrategias de la lucha contra la corrupción en México son las mismas para los dos segmentos. A los de los grandes “negocios” les hacen lo que el viento a Juárez pues son ellos quienes las deciden y aplican siguiendo al pie de letra aquella máxima del Prócer: Justicia y gracia –léase impunidad- para los amigos, la Ley a secas para los enemigos. Y así eventualmente se da el caso que corruptos -¿Corruptos?- ingresan en la cárcel y de otros que frecuentemente cambian a mejores puestos o migran a otros climas…
Pero no, no son corruptos, eso es una manera suave de decir las cosas, un eufemismo, utilizado para expresar que los “corruptos” son menos malos que los delincuentes. La verdad es que los “corruptos” son tan delincuentes como cualquiera que viole la Ley. Ese es el término a utilizar para señalarlos y llamarles por lo que son.
¿Acaso no es delincuente el que usa lo que no es propio para su beneficio? ¿Acaso no es delincuente aquel que le miente a sabiendas a una autoridad? ¿Acaso no es un delincuente quien acusa públicamente sin pruebas?
Eso es justo lo que observamos la semana pasada en el denigrante espectáculo que a muy alto costo sufragamos con nuestros impuestos. Legisladores mintiendo públicamente una y otra vez a la que debería ser su autoridad: el pueblo. Legisladores desviando los recursos públicos empleando su tiempo primero, para concertar acuerdos electorales y después para difamar, en vivo y en directo, desde las instalaciones que deberían ser utilizadas para atender la agenda legislativa.
Legisladores ya confesos, que eufemísticamente serían sujetos de corrupción política solo que a mi ese término ya no me satisface. Habría que llamarlos por su nombre: delincuentes organizados en cárteles mal llamados partidos políticos.
Con mis mejores deseos,
Twitter @enriquechm
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