En lo que pareciera fue una campaña de pre venta de la inhabilitación y a la multi millonaria multa que la Secretaría de la Función Pública impuso al Ing. Raúl Muñoz Leos, ex director de Petróleos Mexicanos; los medios de comunicación nacionales dejaron escuchar voces denunciando las prebendas del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana.
Prebendas que no son nada nuevo; prebendas que son compromisos pactados en el contrato colectivo de trabajo como medio de “lavar” eventualmente la transferencia de recursos del erario público a ese y a otros sindicatos para fines por completo ajenos al bienestar de los trabajadores y como muestra, basta un botón: el “Pemex Gate”
Prebendas que los poderes del estado deberían cancelar por un elemental sentido de probidad política en favor de los intereses de la nación y de los trabajadores quienes deberían ser rescatados, si, rescatados, de aquellos que les aprisionan detentando un poder que hasta ahora solo ha servido a intereses particulares o del gobierno en turno.
¿Cuál es el destino final de los recursos públicos? Nadie más allá de los líderes sindicales y de los que promueven su entrega lo saben pues para ellos la rendición de cuentas no es un valor que pueda aplicarse al amparo de la autonomía sindical que hace vitalicios los liderazgos, y también posible el control coercitivo que ejercen sobre los trabajadores quienes, a la postre, solo tienen dos opciones: colaborar o dar su cuello.
La entrega de los fondos al sindicato de que se acusa al Ing. Muñoz Leos fue cosa publica antes, durante y después del proceso; no podemos hablar de opacidad, ni de arreglos “en lo oscurito” ni de movimientos en efectivo de impresionantes cantidades de dinero como fue el caso del ya mencionado Pemex gate; sin embargo, la autoridad que ahora lo condena, fue omisa en actuar con toda oportunidad, como la tuvo, para detener lo que ahora turna a la Procuraduría General de la República como un delito a perseguir.
Siendo que los hechos ocurrieron en julio de 2004, ¿Por qué tres años después? ¿Por qué en el expediente no se incluye también a quienes siendo su responsabilidad vigilar la actuación de los funcionarios públicos no evitaron el quebranto del patrimonio de la institución con la debida oportunidad? Si esto, como lo fue, fue público, no podría alegarse que se enteraron cuando todo estaba consumado. Y suponiendo sin conceder, que así haya sido, que solo se enteraron después, ¿Qué tanto podría tardar constatar que no pidieron las autorizaciones requeridas? ¿Tres años? ¿Tan lento es el procedimiento?
La transparencia y la rendición de cuentas deben darse cualesquiera que sea el destino de los recursos públicos, sindicatos y fideicomisos incluidos, sin que se puedan enarbolar falsos conceptos de autonomía sindical o del secreto bancario como ahora ocurre.
De igual manera, cuando de la procuración de la justicia se trate, la transparencia y la rendición de cuentas también deben prevalecer. Así pues cabría en las autoridades explicar ¿Por qué hasta ahora?
Enrique Chávez Maranto
enrique.chm@gmail.com
Prebendas que no son nada nuevo; prebendas que son compromisos pactados en el contrato colectivo de trabajo como medio de “lavar” eventualmente la transferencia de recursos del erario público a ese y a otros sindicatos para fines por completo ajenos al bienestar de los trabajadores y como muestra, basta un botón: el “Pemex Gate”
Prebendas que los poderes del estado deberían cancelar por un elemental sentido de probidad política en favor de los intereses de la nación y de los trabajadores quienes deberían ser rescatados, si, rescatados, de aquellos que les aprisionan detentando un poder que hasta ahora solo ha servido a intereses particulares o del gobierno en turno.
¿Cuál es el destino final de los recursos públicos? Nadie más allá de los líderes sindicales y de los que promueven su entrega lo saben pues para ellos la rendición de cuentas no es un valor que pueda aplicarse al amparo de la autonomía sindical que hace vitalicios los liderazgos, y también posible el control coercitivo que ejercen sobre los trabajadores quienes, a la postre, solo tienen dos opciones: colaborar o dar su cuello.
La entrega de los fondos al sindicato de que se acusa al Ing. Muñoz Leos fue cosa publica antes, durante y después del proceso; no podemos hablar de opacidad, ni de arreglos “en lo oscurito” ni de movimientos en efectivo de impresionantes cantidades de dinero como fue el caso del ya mencionado Pemex gate; sin embargo, la autoridad que ahora lo condena, fue omisa en actuar con toda oportunidad, como la tuvo, para detener lo que ahora turna a la Procuraduría General de la República como un delito a perseguir.
Siendo que los hechos ocurrieron en julio de 2004, ¿Por qué tres años después? ¿Por qué en el expediente no se incluye también a quienes siendo su responsabilidad vigilar la actuación de los funcionarios públicos no evitaron el quebranto del patrimonio de la institución con la debida oportunidad? Si esto, como lo fue, fue público, no podría alegarse que se enteraron cuando todo estaba consumado. Y suponiendo sin conceder, que así haya sido, que solo se enteraron después, ¿Qué tanto podría tardar constatar que no pidieron las autorizaciones requeridas? ¿Tres años? ¿Tan lento es el procedimiento?
La transparencia y la rendición de cuentas deben darse cualesquiera que sea el destino de los recursos públicos, sindicatos y fideicomisos incluidos, sin que se puedan enarbolar falsos conceptos de autonomía sindical o del secreto bancario como ahora ocurre.
De igual manera, cuando de la procuración de la justicia se trate, la transparencia y la rendición de cuentas también deben prevalecer. Así pues cabría en las autoridades explicar ¿Por qué hasta ahora?
Enrique Chávez Maranto
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