La propuesta del PRI...

Cuando realicé el análisis del primer conjunto de iniciativas sobre la reforma petrolera, concluí que de ser aprobadas, estas le otorgarían al gobierno federal el control absoluto sobre los recursos petroleros a través de la Secretaría de Energía (SENER) quien para ese propósito, se apoyaría en una “Comisión del Petróleo” ciertamente subordinada y sin autonomía real. En ese escenario, el papel de Petróleos Mexicanos (PEMEX) sería únicamente el de un operador muy flexible de las decisiones del ejecutivo federal al cual el concepto acotado de “renta petrolera” y las propuestas respecto a la maquila de gasolinas, las formas de contratación, las condicionantes para el uso de los recursos excedentes provocarían un debilitamiento aun mayor de la competitividad de sus activos.

Se sucedieron entonces los debates sobre las iniciativas del ejecutivo federal y la presentación de un nuevo documento para el análisis: la propuesta del Partido Revolucionario Institucional donde se establece, fuera de toda duda, que el estado llevará a cabo, en forma directa, exclusiva y excluyente, la exploración, extracción y explotación integral del petróleo incluyendo en el alcance a la zona económica exclusiva situada fuera del mar territorial, ahora con un concepto “ampliado” de la renta petrolera que considera no solo las ventas de primera mano del crudo, si no también la de los subproductos.

Por su parte, la gobernabilidad del proceso se distribuiría ahora entre el ejecutivo federal y el poder legislativo quien sancionaría, por mayoría absoluta, la designación de consejeros y comisionados. Proceso que se vería también favorecido por las previsiones respecto de la duración en el encargo y la rotación escalonada de los funcionarios que darían lugar a una toma de decisiones independiente de factores políticos o de coyuntura y, muy principalmente, por la creación de la Comisión Nacional Reguladora del Petróleo (CNRP) que sería un organismo descentralizado, con plena autonomía de la SENER, encargado de regular y supervisar técnicamente las actividades de exploración y explotación sin omitir el cálculo y actualización de las reservas. Aspecto particularmente relevante que otorgaría a la cuantificación de las reservas mucha mayor certidumbre y transparencia. Las facultades de la SENER entonces se enfocarían a determinar y conducir una política energética integral que deberá incluir los conceptos de seguridad, diversificación, ahorro y protección al medio ambiente considerando en lo que toca a la materia petrolera la opinión técnica de la CNRP por mandato de la Ley.

La iniciativa del PRI también fortalece a la Comisión Reguladora de Energía (CREE) y le adiciona la responsabilidad de fijar los precios de primera mano de las materias primas para la producción de fertilizantes lo que sin duda contribuirá a reactivar la industria de los fertilizantes y me general a fortalecer el sector agrícola para la producción de alimentos.

En lo que toca al régimen de adquisiciones y contratos, si bien es cierto que en lo general se mantiene la propuesta del ejecutivo federal, se cancela la percepción de la figura de los “contratos de riesgo” por el acotamiento de la discrecionalidad a través de un comité de adquisiciones, el establecimiento de mecanismos de precios, reglas mínimas contempladas en la ley, la publicidad de los contratos y el registro público de contratos entre otras medidas.

El papel de PEMEX sería ahora el de operador de la política energética en la cuestión petrolera supervisado técnicamente por la CNRP y en lo que le corresponde por la SENER quien se desvincula de la operación tal como se percibía en el esquema planteado el primer conjunto de iniciativas. PEMEX gozaría de una mucha mayor flexibilidad para su operación con una escasa intervención de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público ajena ahora del control de los aspectos presupuestales y de la autorización de los precios inter organismos manteniendo una eventual intervención para impedir la contratación de deuda en los casos preestablecidos en la ley. Para la inversión PEMEX podría disponer de inmediato del 10% de los excedentes petroleros hasta alcanzar gradualmente el 100% en el 2012 sujeto al cumplimiento de metas respecto al balance financiero y a no incrementar el número de plazas. Posición más flexible que la propuesta del ejecutivo.

No obstante lo anterior, que resuelve en buena medida las objeciones a la propuesta del ejecutivo federal, la correspondiente al PRI no hace propias muchos de los consensos implícitos resultado de los debates, no atiende por ejemplo, la necesidad del desarrollo tecnológico en la materia petrolera así, la iniciativa no contempla incentivos ni obligaciones de PEMEX respecto del Instituto Mexicano del Petróleo. Y si bien es cierto que se crea el fondo de transición energética, los incentivos serán para otras fuentes alternativas de energía distintas al petróleo. Otro tema fundamental al que tampoco alude la propuesta del PRI es la necesidad de redefinir y transparentar la relación y el financiamiento del sindicato petrolero.

Finalmente la propuesta del PRI tampoco toca la parte correspondiente a la industria petroquímica distinta de la básica; salvo que el nuevo esquema para la fijación del precio de la materias primas para la producción de fertilizantes y que la cancelación de la intervención de la SHCP en la determinación de los precios interorganismos signifique un cambio en la política de precios, no se percibe mayores incentivos ni obligaciones de PEMEX respecto a la petroquímica secundaria y en cambio si mantiene la intervención de la SHCP en la autorización de los precios de sus productos.

En síntesis, la propuesta del PRI sin duda alguna toma buena parte de la propuesta del ejecutivo pero aún así, resuelve muchas de las preocupaciones que esta generó. Sin embargo, lamentablemente es omisa en cuanto a otras de las preocupaciones fundamentales que fueron evidentes en los debates: el desarrollo de la petroquímica no básica, el impulso al desarrollo tecnológico petrolero y la relación con el sindicato. Y si en cambio plantea nuevas interrogantes, como la justificación para incluir en la ley la facultad de ejecutivo para crear otras empresas, que si bien serían propiedad de Pemex, van en contra de la tendencia mundial a la integración de las empresas petroleras.

Con mis mejores deseos,

Enrique Chávez Maranto
enrique.chm@gmail.com